Se entiende como trabajo a distancia cuando el 30% de la jornada – 2 días – se trabaje en remoto en un período de referencia de tres meses o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
Quedó acordado que las empresas deberán «dotar de las herramientas, medios, equipos y materiales fungibles» necesarios para llevar a cabo el trabajo a distancia, por ejemplo, los ordenadores.
El resto de los gastos se tratará a través de la negociación colectiva. Es decir, en un período transitorio de tres meses, el trabajador y la empresa deberán concretar por escrito las condiciones individuales para el trabajo a distancia.
La normativa también aplica para aquellas personas que se encuentren bajo este régimen por la pandemia del Covid-19.
La normativa expresa la voluntariedad del teletrabajo, para ambas partes. No se puede imponer. En este sentido, para llevarse a cabo requiere la firma de un acuerdo escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta
La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y la persona trabajadora. El ejercicio de esta reversibilidad podrá ejercerse en los términos establecidos en la negociación colectiva o en contenido del acuerdo de trabajo a distancia.
Si los acuerdos no fijan duración, la ley se aplica íntegramente una vez transcurrido un año desde el inicio de la vigencia, «salvo que las partes firmantes de estos acuerden expresamente un plazo superior, que como máximo podrá ser de tres años», considerando las condiciones previas a la pandemia.
Las empresas están obligadas a diseñar un plan de desconexión para los trabajadores que tengan en régimen de teletrabajo, como parte de la Ley de Protección de Datos.
Es decir, las empresas deben garantizar la limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables.
La normativa limita el registro de la jornada al «momento de inicio y finalización de la jornada» sin incluir los tramos de actividad. Las personas que se encuentren bajo este régimen laboral podrán, además, flexibilizar el horario de prestación de servicios en los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva.
La ley no será de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá por una normativa específica que se encuentra en proceso de elaboración. Hasta que se apruebe dicha regulación, se mantendrá en vigor para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas lo previsto por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.
Fuente: PHC Business at speed
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